La dirección de la Procuraduría General de la República (PGR) pretende analizar el informe de la Policía Federal (PF) en la investigación de la joyería después de las elecciones de octubre, para garantizar que una posible acusación que pone al expresidente Jair Bolsonaro (PL) en el banquillo de los acusados no interrumpa las elecciones. La información es de la columna de la periodista Malú Gaspar, del diario O Globo.
Los interlocutores del Procurador General de la República, Paulo Gonet, informaron que existe un plazo informal para decidir si se aceptarán las denuncias contra el expresidente y aliados involucrados.
De esta manera, dicen los asesores de Gonet, si no denuncia a Bolsonaro, Mauro Cid y compañía antes del 16 de agosto, que es cuando comienzan las campañas, solo lo hará después del resultado de la segunda vuelta. En palabras de un aliado de la PGR, sin «prisa».
El temor de Gonet es que, en caso de una eventual acusación, su decisión sea interpretada como «politiquería», ya que asumió el cargo por nominación de Lula, con el cabildeo tras bambalinas de los ministros Gilmar Mendes y Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), es decir, tres de los principales opositores a la dirigencia y partidarios bolsonaristas.
De acuerdo con el reglamento interno del STF, la PGR tiene un plazo de 15 días a partir de la recepción del informe final para decidir si acepta o no la denuncia. Sin embargo, además del plazo que coincidirá con el receso del Poder Judicial, la propia PGR evalúa que este plazo es «improcedente», es decir, no obligatorio, porque el Ministerio Público Federal es el titular de la acción penal.
A día de hoy, el STF tiene tres investigaciones abiertas que podrían convertir a Bolsonaro en un imputado: la investigación sobre la venta ilegal de joyas saudíes, la falsificación de tarjetas de vacunación contra el Covid y la investigación sobre el intento de golpe de Estado.
Bolsonaro acusado
El expresidente Jair Bolsonaro (PL) fue acusado el jueves (4) de malversación (apropiación de activos públicos), asociación criminal y lavado de dinero en la investigación de joyería. La Policía Federal remitió el informe con detalles de los crímenes al ministro Alexandre de Moraes, del STF, relator del caso.
Según las investigaciones de la PF, el expresidente recibió las joyas de los líderes saudíes durante su mandato y comenzó a comercializarlas en Estados Unidos en junio de 2022.
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